23 abril 2018

¿De verdad quiere el Gobierno Rajoy derrotar al independentismo?

Jesús Cacho
Voz Pópuli


Pues no está nada claro, la verdad, o cada día está más oscuro. Con el independentismo empeñado en la internacionalización del conflicto que mantiene con la oprobiosa España, su Constitución y sus leyes, el Gobierno que preside Mariano Rajoy sigue sin dar la cara, desaparecido en combate, sin tomar ninguna medida que permita intuir un final feliz para los intereses de la España democrática. 

Es como si el Estado estuviera librando la batalla contra el golpismo con la única ayuda del poder Judicial, porque el Ejecutivo ni está ni se le espera. Y del Legislativo, mejor ni hablar. Desaparecido de la escena del crimen, el Gobierno hace tiempo que no comparece, que ni siquiera opina. Y cuando lo hace, simplemente es para empeorar la situación. Para dar la razón a los sublevados o para echarles un cable. Es la novedad más reciente de esta bochornosa situación: que ya no sabemos para quién vendimia Mariano; que ya no está nada claro que este Gobierno quiera de verdad derrotar al independentismo.

La alarma se extendió cual mancha de aceite tras la sorprendente declaración con la que Mariano saludó el fallo del tribunal de justicia de Schleswig-Holstein en torno a la extradición de Carles Puigdemont, y el posterior posicionamiento de la ministra federal de Justicia, Katarina Barley, una señora que vino a decir, o a sugerir, que España no es un país libre en el que Puchimón pueda tener un juicio justo, un comportamiento que a Mariano, a la sazón en Buenos Aires, le pareció “modélico” (sic), porque “el Gobierno alemán ha dicho que no tiene por qué entrar en un tema que no le corresponde porque eso es un asunto judicial” (…) “Nadie de ningún Gobierno debe entrar en hacer comentarios sobre este tema” (…) “Por tanto, su comportamiento me ha parecido propio de una nación europea de las clásicas y de las de primera”. 

De donde se deduce que la ministra de la cebada debe ser un ujier del ministerio de Justicia federal, pero no, desde luego, la titular de la cartera. Desconcertante. E inaceptable que al Gobierno de España le parezca perfecto el sopapo propinado por un tribunal alemán de menor rango al Supremo español.

Esta misma semana hemos asistido a otro episodio donde el silencio del Gobierno, su escandaloso mutis por el foro, ha retumbado por las cuatro esquinas de la piel de toro. Me refiero a la presencia de CC.OO. y UGTentre las organizaciones convocantes de la última manifestación en favor de los “presos políticos” celebrada en Barcelona. En este episodio, como en tantos otros, el Ejecutivo no ha dicho ni mú. 

Ni una leve crítica a esos desnortados dirigentes capaces de transformar a los sindicatos mayoritarios en simples comparsas de un entramado golpista, capaces de convertir a CC.OO y UGT en perritos falderos de esas xenófobas elites de la derecha catalana que reclaman Estadito propio para poder seguir robando a mansalva sin que les moleste ningún juez o justicia que no hayan elegido ellos. 

Silencio tanto más sorprendente cuanto que el Ejecutivo tiene medios más que suficientes para ponerles contra la pared, sin ir más lejos, vía las subvenciones y el dinero de la formación para el empleo con el que esos sindicalistas financian su acomodado nivel de vida.

Mariano calla. Mariano necesita a los sindicatos para lidiar su particular batalla política. Este Gobierno en minoría reclama la ayuda de los dirigentes sindicales para firmar acuerdos (en diciembre, la subida del SMI hasta los 850 euros en los próximos tres años; y en marzo la del sueldo de los funcionarios para el mismo periodo) que no puede alcanzar con los partidos, y con los que pretende presionar en la negociación de unos PGE para 2018 que la izquierda (sin ningún fundamento, porque estamos ante unos presupuestos descaradamente socialdemócratas) critica con dureza. 

Se trata de que Mariano pueda argumentar que los partidos no le apoyan en el Parlamento, pero que los sindicatos sí lo hacen en la calle, razón por la cual la presencia sindical en la manifa indepe del domingo no le produce el menor rechazo, ni frío ni calor, cero grados, y demos gracias que no salga en la tele o llame a su despacho a la agencia EFE para decirnos que lo de UGT y CC.OO. desfilando del brazo del nazionalismo le parece perfecto, un ejercicio de democracia por parte de los sindicatos más democráticos del mundo. Como lo del Gobierno alemán, más o menos.

Las declaraciones del sargento Montoro

El último episodio que ha venido a cuestionar la existencia de un Gobierno empeñado en defender la unidad de España y la vigencia de su Constitución, lo acabamos de tener con las declaraciones del sargento Montoro. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, manifestaba el lunes en El Mundo. Escándalo al por mayor. 

De modo que ayer mismo, el juez Llarena se vio en la obligación de requerirle para que, “a la mayor brevedad posible”, le facilite el “soporte objetivo” que le permite afirmar que en el referéndum del 1-O no se emplearon fondos públicos.

Justo ese día, el magistrado, instructor de la causa abierta en el TS contra los líderes del prusés, comenzaba a interrogar a quienes se hallan en prisión preventiva. Y como era de prever, los procesados se han aferrado en sus comparecencias al salvavidas que oportunamente les ha lanzado el genial Montoro para negar la existencia del delito de malversación. ¿Cabe mayor dislate? ¿Son demasiado torpes o estamos ante gente demasiado lista que cree que los demás somos demasiado tontos?

Tanto Junqueras, como Rull y Turull, el famoso dúo Tururú del independentismo, se han agarrado al clavo ardiendo tendido por el ministrín: si el propio titular de Hacienda dice que en el referéndum no se utilizó un euro público, y si afirma que desde septiembre mantiene un férreo control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat intervenida, entonces nosotros, señoría, querido juez Llarena, no tenemos más que decir amén. Increíble, pero cierto.

De modo que ahí están los jueces tratando de cumplir con su deber de aplicar la ley en contra no solo de los golpistas, que obviamente niegan la mayor, sino del propio Gobierno de la nación. ¿Está Montoro intentando “blanquear” el golpe siguiendo instrucciones de su jefe y amigo, el inquilino de la Moncloa? ¿Se trata de eso? ¿O se trata de cubrirse las espaldas ante la contingencia de que un día de estos llegara a demostrarse que el asalto a la legalidad se financió con dinero público por falta de celo del titular de Hacienda? ¿Se trata del miedo que les embarga a una denuncia contra todos ellos, contra el Gobierno entero, por no haber cumplido con su obligación de aplicar la ley y hacer guardar la Constitución?

Decir que no se malversó dinero público es dar la razón a los golpistas que sostienen que la rebelión, en la cual se han invertido ingentes sumas de dinero durante años, se ha financiado del aire. El affaire Montoro debería ser motivo suficiente para que los españoles se echaran a la calle decididos a exigir la dimisión del Gobierno. 

Que el poder judicial se vea en la obligación de corregir al Ejecutivo en un caso de golpe de Estado es de una gravedad extrema o a mí me lo parece, revelación en todo caso de que este Gobierno refugiado bajo las togas de los jueces es incapaz de hacer frente a un desafío de esa naturaleza y que hay que sacarlo de la Moncloa cuanto antes. 

Mariano está hundiendo al PP y parece decidido a hundir en el mismo naufragio a España entera. No lo deberíamos permitir. A la España democrática, la España que con todas sus insuficiencias ha sido capaz de garantizar el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia, le va en ello su ser o no ser.