03 mayo 2018

El homicidio de Alfie, una cuestión de clase

Editorial
Forum Libertas


Esta es la breve historia de un bebé de 23 meses, Alfie, al que ningún hospital, y lo que es peor, ni la justicia británica, permitieron prolongar su vida, ni aceptar otra esperanza que no fuera la de su muerte inmediata.

Alfie es el hijo de una pareja muy joven, Tom Evans y Katie James, 20 años ella, uno más él. Un primer dato no menor, porque a su edad el estándar socialmente valorado consiste en matar al que ha de nacer. 

Por posición social sus recursos son escasos, y necesitan del estado, de la sanidad pública, como la gran mayoría, y este es significante de toda esta tragedia: la muerte como solución si no se disponen de dinero para pagar la prolongación de la vida.

Alfie fue ingresado por sus padres en el hospital infantil Alder Hey, y diagnosticado de padecer una enfermedad neurológico-degenerativa que no ha logrado nunca ser bien identificada. Desde su ingreso en mayo del pasado año manifestaron su deseo de hacer todo lo posible para mantener con vida a su hijo, pero el hospital decidió desconectarlo de la respiración asistida en diciembre. Se acabó la atención de la sanidad pública. 

Después, el juez Hayden fue rápido, y en febrero ya había sentenciado a favor del hospital. El recurso al tribunal de apelaciones ratifico el fallo, de manera que el 23 de abril el hospital retiraba el soporte vital al bebé. Hay que entender lo que esto significa. 

Se trata de la muerte por asfixia. Pero entonces saltó la sorpresa. Alfie continuó viviendo por su cuenta hasta la madrugada del sábado, cinco días después de haberle retirado toda asistencia vital.

El padre de Alfie lo despidió con estas palabras “mi gladiador ha depuesto su escudo y ha ganado sus alas a las 2,30. Absolutamente desconsolado. Te quiero, mi chaval” 

Por mucho que se explique creo que es imposible entender el sufrimiento de un padre y una madre que ven morir al hijo. Un dolor en las entrañas que crece ante la fragilidad de un bebé y se multiplica por la inexorabilidad de la condena a muerte que decretan unos médicos y hace cumplir un juez, Anthony Hayden, que negó el ejercicio de la patria potestad al impedir que fuera trasladado al hospital especializado en menores, Bambino Gesú de Roma, donde les habían ofrecido la acogida. I

ncluso el papa recibió a los padres el 18 de abril y se pronunció públicamente. Para que no hubiera retrasos, el gobierno italiano en un gesto insólito, había concedido la ciudadanía italiana al bebé, pero el Juez Hayden prescindió de todo esto, empeñado en provocar un fatal desenlace. Afirmó que se encontraba bajo jurisdicción británica y que no le permitía abandonar el país. 

¿Por qué tal empecinamiento? Porque este mismo personaje que actuó con tal insensibilidad, es autor de un libro de ayuda jurídica a los niños de familias homosexuales, “Children and Same Sex Families: A Legal Handbook” y pertenece al Bar Lesbian and Gay Group.

Matilde Leonardi, neuróloga, pediatra y directora del Centro de Investigación del Coma en el Instituto Neurológico Carlo Besta de Milán, declaró: “hay que decir muy claramente que no estamos ante un caso de ensañamiento terapéutico, que significa aplicar un tratamiento desproporcionado respecto a la situación clínica del niño. Aquí “best interest” para el hospital quiere decir la muerte del niño”. Este instituto neurológico, como otros centros se ofrecieron a colaborar con los médicos ingleses. Sin resultados.

Gran Bretaña es “rica” en este tipo de muertes. En 2017 otros padres, Chris Gard y Connie Yates, sufrieron un caso semejante. Su bebé Charlie Gard, terminó su vida con tan solo 11 meses. Ahora impulsan una ley que ponga fin a este abuso de los poderes públicos sobre la capacidad de los padres de determinar el bien de sus hijos. 

Otro caso se dio en 2014 e involucró a España. Los padres de Ashya King, Brett y Naghemeh King, un niño de 5 años enfermo de cáncer, fueron encarcelados en Soto del Real porque la justicia británica dictó una orden de detención, motivada porque se llevaron a su hijo de un hospital británico sin el permiso de los médicos. 

Estos se negaban a autorizar su viaje a Estados Unidos o la República Checa a fin de aplicarle un tratamiento menos agresivo que la radioterapia para el tumor cerebral que padece. Finalmente, la justicia británica modificó su decisión por la oleada de indignación que despertó, y sus padres fueron excarcelados y pudieron llevar a su hijo a Praga para que le aplicaran un tratamiento por haz de protones. Hoy está curado, puede andar y se recupera.

Lo grave de todas estas tragedias es la limitación de la capacidad para decidir de los padres. El estado, los poderes públicos, les hurta un derecho natural y un bien jurídico, pero no para prologar la vida, para salvar, sino para facilitar la muerte. Pero no se trata solo de unos hospitales públicos que impiden a los padres ejercer su misión y que encuentra la solución en la muerte, no se trata solo de jueces que viven al margen de la vida, hay más, mucho más. 

Si los padres de Alfie hubieran podido acudir a la sanidad privada en Inglaterra, si hubieran pagado, habrían podido mantener la esperanza, o trasladar libremente a su hijo a otro país y a otra mirada médica, sin intervenciones judiciales. Lo de Alfie ha sido también una maldita cuestión de dinero.

Quedan en pie muchos interrogantes. ¿Cuáles son los derechos de los padres si no pueden preservar la vida de sus hijos? ¿Por qué no se aceptó la colaboración de otro equipo médico, más en este caso, que se trataba de una enfermedad sin un diagnóstico claro? ¿Por qué el juez se empeñó en que Alfie muriera negando la esperanza italiana? 

En todo caso, es un aviso de la sociedad que están construyendo desde un teórico dechado de democracia y liberalismo.