17 mayo 2018

El pacto educativo no tiene quien lo llore

Editorial
Alfa y Omega


Fracasado el pacto educativo, la enseñanza seguirá siendo una materia que legislar por el Gobierno de turno según sus preferencias.

No es una buena noticia para nadie el fracaso del intento de lograr por fin una ley de enseñanza de amplio consenso en España.

La subcomisión parlamentaria del pacto educativo puso fin formalmente a sus trabajos el lunes. A consecuencia de la retirada de las sesiones del PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas, faltaba la mayoría necesaria para prolongar las sesiones como pretendían el PP y Ciudadanos. 

En un clima político cada vez más prelectoral, ha primado el interés partidista y cortoplacista, frente a la necesidad de poner fin a la anomalía de que la educación sea continuamente objeto de disputa entre los partidos.

La Iglesia apoyó los intentos de acuerdo. Se sumó activamente a través de la mesa eclesial para el diálogo educativo, que aglutinó a los distintos actores católicos implicados en la la materia, como Escuelas Católicas o la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). 

La voluntad de contribuir al acuerdo era sincera, más allá de que un objetivo esencial de esta alianza fuera defender la asignatura de la Religión y los conciertos educativos. Seguramente ahora, ante el cariz que tomaron algunas propuestas con respeto a esas materias, no faltará quien, en privado, suspire de alivio por el fin de los trabajos de la subcomisión parlamentaria. Sin embargo, el fracaso del pacto educativo no beneficia a nadie, menos aún a los católicos. 

Aquel acuerdo solo era posible desde la premisa de una ley ampliamente inclusiva, desde los principios del derecho universal a la educación y la libertad educativa reconocidos en la Constitución y en los principales tratados internacionales de derechos humanos. Justo lo que pide la Iglesia. 

Fracasado el pacto, la enseñanza seguirá siendo una materia a legislar por el Gobierno de turno según sus preferencias ideológicas particulares. A menos que la próxima vez que una mayoría parlamentaria intente reformar la ley se encuentre con una amplia contestación por parte de la sociedad y de la comunidad educativa. 

Una hipótesis poco probable, a la vista de la indiferencia generalizada con la que ha muerto de inanición el pacto educativo.