11 febrero 2012

¿Va el PP en serio?

Francisco José Contreras
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla.
Coautor del libro Nueva izquierda y Cristianismo (Encuentro, 2011), junto al señor Diego Poole.
Libertad Digital

Tras ejercer plácidamente la hegemonía cultural durante décadas, la izquierda sabe que se enfrenta a una derecha acomplejada, tecnocrática, que vende solo "resultados" y cede a la izquierda el monopolio del imaginario

Rubalcaba ha dicho: "si cada vez que la derecha llega al poder reconsidera todas aquellas leyes [aborto, EpC, etcétera] que hemos hecho entre todos […] el PSOE se planteará la revisión de los acuerdos con la Santa Sede". Cosechó una ovación estruendosa. La soflama es reveladora en varios sentidos. De un lado, confirma la sesentayochización de una izquierda fracasada en su proyecto clásico: el siglo XX ha mostrado que el socialismo –tanto en su versión maximalista soviética como en la keynesiano-moderada de Helmut Schmidt, Olof Palme o… Rubalcaba- es sinónimo de ruina (Suecia tuvo que desmontar el mítico "socialismo a la nórdica" a partir de 1993); a los exsocialistas no les queda otra que reciclarse en ultrafeministas, ecologistas, relativistas culturales ("alianza de civilizaciones"), (neo)anticlericales: el legado de 1968 está llamado a llenar el hueco ideológico del socialismo extinto.

De otro, el cinismo arrogante de la amenaza solo es concebible en alguien que se sabe dueño del cotarro cultural. ¡Que la derecha reconsidera la ingeniería social de la izquierda cuando llega al poder! Aznar no tocó una coma del aborto, ni del divorcio, ni apenas de la educación (solo tardíamente, con la LOCE, que no llegó a entrar en vigor), ni de la "memoria histórica" (en 1996, se rindió homenaje en las Cortes a las Brigadas Internacionales)… Fue Zapatero quien impuso desde 2004 una agenda minuciosa de "guerra cultural": matrimonio gay, ley Aído, EpC… ¡Leyes "que hemos hecho entre todos"! Rubalcaba sabe que esas medidas indignaron a media España, que se echó a la calle en manifestaciones-monstruo.

¿Cómo se permite negar lo evidente? Porque piensa que nadie del PP le va a contradecir en este terreno. Tras ejercer plácidamente la hegemonía cultural durante décadas, la izquierda sabe que se enfrenta a una derecha acomplejada, tecnocrática, que vende sólo "resultados" y eficiencia gestora ("lluvia fina") y cede a la izquierda el monopolio de los valores, del imaginario, de la Weltanschauung. Por eso, Aznar no tocó una coma del aborto. Por eso reivindicaba a Azaña y exaltaba a los brigadistas.

La gran noticia es que… pese a todo, esto podría estar empezando a cambiar. No, nadie del PP ha salido a desmentir a Rubalcaba. Pero lo cierto es que Wert ha anunciado la revocación de EpC, y Gallardón, una reforma de la ley del aborto (también del CGPJ, etc.). Estos indicios podrían significar que, por fin, la derecha ha comprendido que la economía no lo es todo y que se enfrenta ya a una izquierda "posteconómica" que, no habiendo sido capaz de revolucionar el modo de producción, prefiere revolucionar las costumbres (familia, bioética, religión…).

Decimos "podrían significar" porque casi todo está por concretar. La reforma del aborto, por ejemplo, aún podría quedar en agua de borrajas. Ocurrirá si todo queda en el detalle de la autorización paterna al aborto de las menores, o en un simple retorno a la situación anterior a la ley Aído: entre 1985 y 2010, la regulación de los tres supuestos no era realmente aplicada; cualquier mujer que lo deseara encontraba la posibilidad de abortar legalmente en el coladero del "peligro para la salud psíquica". Los abortos anuales superaban los 100.000.

Vivimos, pues, un momento decisivo. La derecha debe decidir si tiene una visión del mundo propia, valores propios (que vayan más allá de la eficiencia contable). Y la reacción demagógica de Rubalcaba –como la de la prensa progre estos días atrás- revela algo importante: el desgaste mediático-demoscópico se va a producir de todos modos. El País y el PSOE van a llamar "reaccionario" al Gobierno aunque se limite a una reforma cosmética. Por tanto, si el precio está ya desembolsado… lo sensato es comprar con él algo que merezca la pena. Ese "algo" sólo puede ser una reducción real del número de abortos en España. Lo cual no se conseguirá mediante un mero restablecimiento de la regulación de 1985.

En realidad, disponemos de un excelente modelo en la Europa actual: la Polonia postcomunista, que sustituyó en 1993 su ley de aborto libre por una regulación muy similar a la española de 1985 (los tres supuestos)… pero introduciendo mecanismos que garantizaran su efectiva aplicación (comisiones médicas serias que acreditan la realidad del "peligro para la madre"). La ley no amenaza con la cárcel a las mujeres, sino sólo a los aborteros. Resultado: el número de abortos anuales ha bajado desde más de 100.000 (años 80) a 193 (2008). Y no se ha producido la terrorífica explosión de "muertes de mujeres en insalubres abortos clandestinos" con la que amenazan siempre los pro-abortistas; al contrario, todos los indicadores de salud obstétrica han mejorado: el número de muertes en embarazo o parto ha bajado de 70 anuales (1991) a 23 (2004); la mortalidad perinatal ha descendido desde un 1,62 por ciento (1993) a un 0,64 por ciento (2005); las muertes de mujeres en abortos clandestinos han sido… una en casi 20 años.

El nuevo Gobierno ha roto ya el tabú ideológico que prohibía a la derecha revertir los inventos de la izquierda en el terreno moral-cultural. Ha mostrado ya una audacia que no mostró el de Aznar. Sí, el pataleo de la izquierda mediática está garantizado, por poco que se haga. Pero también la adhesión agradecida –en lugar de sólo resignada/malminorista- de una maltratada base conservadora, a la que el manual arriolista prescribe despreciar (pues su voto es "seguro"), para cortejar en cambio al swing voter de centro-izquierda. Y, si persevera en las reformas, Rajoy estará haciendo historia también de otra forma: una España alineada con Polonia en la restricción del aborto quebraría la tendencia que, desde los años 60, parecía apuntar fatalmente a una expansión constante del abortismo. Habría todavía esperanza en un continente condenado a colapsar por envejecimiento en pocas décadas (fertilidad media: 1,6 hijos/mujer; en España es 1,37), y en el que un quinto de los embarazos terminan en aborto.

Por desgracia, la Iglesia tenía razón

Michael Brendan Dougherty y Pascal-Emmanuel Gobry
Católicos ON LINE

Pintar a la Iglesia Católica como “fuera de contacto con el mundo actual” es lo más fácil del mundo, con tanto sombrerito extraño y las iglesias llenas de pan de oro. Y nada lo hace más fácil que la postura de la Iglesia contra los anticonceptivos.
Mucha gente (incluido nuestro editor) se pregunta por qué la Iglesia Católica no abandona simplemente esta norma. Señalan que la mayoría de los católicos la ignoran y que casi todos los que no son católicos consideran que crea división o que está pasada de moda. “¡Venga ya, que estamos en el siglo XXI!”, dicen. “¿Es que no VEN que es algo ESTÚPIDO?”, gritan.
Hay algo que conviene tener en cuenta, sin embargo: la Iglesia Católica es la mayor organización del mundo y la más antigua. Ha enterrado a todos los grandes imperios conocidos por el hombre, desde los romanos hasta los soviéticos. Cuenta con establecimientos literalmente en todo el mundo y está presente en todos los ámbitos del quehacer humano. Nos ha dado algunos de los más grandes pensadores del mundo, desde San Agustín hasta René Girard. Cuando hace algo, por lo general tiene una buena razón para ello. Todo el mundo tiene derecho a estar en desacuerdo, pero no se trata de un montón de blancos viejos y locos que se quedaron atascados en la Edad Media.
Entonces, ¿qué está pasando?
La Iglesia enseña que el amor, el matrimonio, el sexo y la procreación son cosas que deben ir juntas. Eso es todo. Pero es muy importante. Y aunque la Iglesia lo enseña desde hace 2.000 años, probablemente nunca han sido tan significativo como hoy en día.
Los mandatos contra el control de la natalidad fueron reafirmados en un documento de 1965 firmado por el Papa Pablo VI, llamado Humanae Vitae. El Papa advertía que se producirían cuatro resultados si se aceptaba el uso generalizado de anticonceptivos:
- Reducción general de los estándares morales
- Un aumento de la infidelidad y la ilegitimidad
- La reducción de las mujeres a objetos utilizados para satisfacer a los hombres
- Coerción por parte de los gobiernos en asuntos reproductivos.
¿Suena familiar?
Porque se parece mucho a lo que ha estado sucediendo en los últimos 40 años.
Como escribió George Akerloff en Slate hace una década: “Al convertir el nacimiento del niño en una elección física de la madre, la revolución sexual ha convertido el matrimonio y el sostenimiento de los niños en una elección social del padre.
En lugar de dos padres que son responsables de los niños que conciben, una expectativa defendida por las normas sociales y por la ley, ahora damos por sentado que ninguno de los padres es necesariamente responsable de sus hijos. Se considera que los hombres cumplen sus obligaciones simplemente mediante el pago por orden judicial de la pensión alimentaria a los hijos. Se trata de una reducción muy drástica de los estándares de la “paternidad".
¿Qué tal nos va en lo demás desde la gran revolución sexual? El matrimonio de Kim Kardashian duró 72 días. Los hijos ilegítimos: en aumento. En 1960, el 5,3% de todos los hijos nacidos en los Estados Unidos fueron de mujeres solteras. En 2010, la cifra había subido a un 40,8%. En 1960, las familias basadas en un matrimonio formaban casi tres cuartas partes de todos los hogares, pero según el censo de 2010 ya sólo representaban el 48 por ciento de los mismos. La cohabitación fuera del matrimonio se ha multiplicado por diez desde 1960.
Y si usted no cree que las mujeres están siendo reducidas a objetos para satisfacer a los hombres, bienvenido a Internet. ¿Cuánto tiempo hace que conoce la Red? En cuanto a la coerción del gobierno: basta mirar a China (o a los Estados Unidos, donde el gobierno ha establecido una norma sobre la cobertura obligatoria de la anticoncepción que es la razón por la que estamos hablando de esto ahora mismo).
¿Todo se debe a la Píldora? Por supuesto que no. Pero la idea de que una disponibilidad general de la anticoncepción no ha dado lugar a un cambio social dramático, o que este cambio ha sido exclusivamente para bien, es una noción mucho más absurda que cualquier cosa que enseña la Iglesia Católica.
También lo es la idea de que es OBVIAMENTE ESTÚPIDO recibir indicaciones morales de una fe venerable (¿En lugar de recibirlas de quién? ¿De Britney Spears?).
Pasemos a otro aspecto de este tema. La razón por la que nuestro editor piensa que los católicos no deberían ser fructíferos y multiplicarse tampoco se sostiene. La población del mundo, escribe, está en un camino “insostenible” de crecimiento.
La Oficina de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas considera que la tasa de crecimiento de la población disminuirá en las próximas décadas y se estabilizará alrededor de los nueve mil millones en 2050… y se quedará ahí hasta el 2300 (y tengamos en cuenta que las Naciones Unidas, que promueven el control de la natalidad y los abortos en todo el mundo, no son precisamente partidarias del dad-fruto-y-multiplicaos).
En términos más generales, la visión maltusiana del crecimiento ha persistido, a pesar de haberse probado una y otra vez que estaba equivocada y que había causando gran cantidad de sufrimientos humanos innecesarios. Por ejemplo, China se encamina hacia una crisis demográfica y hacia la dislocación social debido a su equivocada política del hijo único.
El progreso humano es la gente. Todo lo que hace la vida mejor, desde la democracia a la economía, pasando por Internet y la penicilina, fue descubierto o creado por la gente. Más gente significa más progreso. El inventor de la cura para el cáncer podría ser el cuarto hijo que alguien decidió no tener.
Finalmente, para resumir:
- Es una buena idea que las personas den fruto y se multipliquen
- Independientemente de lo que le parezca la postura de la Iglesia sobre el control de la natalidad, es una postura que ha demostrado ser profética.

La reforma del puedo y no quiero

Juan Ramón Rallo
Libertad Digital

Desmontar el mercado laboral español, ese que nos ha abocado a padecer ahora mismo una tasa de desempleo superior a la de un país quebrado como Grecia, exigía unas dosis de coraje, valentía, determinación y principios que, desde luego, el actual Gobierno del Partido Popular no nos había demostrado en ningún momento: ni cuando subió impuestos para evitar el adelgazamiento de nuestro sobredimensionado sector público, ni cuando nos vendió una reforma del sistema financiero que no atajaba sus problemas de fondo y que lo abocaba a una recapitalización con cargo al contribuyente español. Tampoco lo ha hecho, claro está, con esa revolucionaria reforma laboral que presuntamente busca marcar un antes y un después en nuestro disfuncional mercado de trabajo. A falta de conocer la letra pequeña del decreto y del ulterior reglamento, lo único que tenemos es una suma de medidas gravosas, de provisiones que podrían tornarse en irrelevantes y de algún parche importante bien encaminado.

Empecemos con las gravosas. En unos momentos, en los que necesitamos con urgencia reducir costes laborales, al PP no se le ha ocurrido otra que, por un lado, imponer a los empresarios la obligación de soportar un coste adicional de 20 horas anuales de permiso de formación para sus trabajadores y, por otro, de limitar sus posibilidades de encadenar contratos temporales más allá de dos años. El coste de lo primero podrá parecer escaso, pero equivale a una subida salarial del 1,1 por ciento para aquellos empleados que se acojan a ella (menos horas de trabajo por idéntico sueldo). La prohibición del encadenamiento de contratos temporales podrá parecer una medida justa –y yo mismo tuve la ocasión de criticarla cuando se adoptó– pero, en ausencia de una auténtica alternativa liberalizadora para los empresarios, sólo contribuirá a añadir todavía más rigidez a nuestro mercado laboral.

Sigamos con las provisiones que podrían tornarse irrelevantes. Mucho bombo mediático se le ha dado a la rebaja del coste del despido: la indemnización por el improcedente cae de 45 a 33 días con un máximo de 24 mensualidades (frente a las 42 anteriores) y el despido objetivo ve ampliada su causalidad (permitiéndolo ante reducciones persistentes de ingresos). Ambas parecen modificaciones de calado, pero hay dos matices que las pueden llegar a empañar bastante: el primero, es que la rebaja del despido improcedente sólo opera para nuevos contratos y el segundo, y principal, es que la concurrencia de causas que motiven el objetivo seguirá bajo control judicial. Los nada imparciales magistrados de lo social sólo tendrán que interpretar generosamente la normativa (apreciando, por ejemplo, una "insuficiente" reducción de ingresos) para no reconocer el despido objetivo y forzar el improcedente de 45 ó 33 días (más los correspondientes y gravosísimos salarios de tramitación). A menos que el futuro reglamento limite muy claramente la discrecionalidad judicial, la famosa dualidad en el mercado de trabajo seguirá prácticamente como hasta ahora.

Y, por último, tenemos los parches importantes bien encaminados. Por un lado, el Gobierno ha ampliado ligeramente la movilidad funcional (eliminando las categorías profesionales y permitiendo recolocaciones dentro de un grupo profesional, esto es, dentro de un mismo nivel de aptitudes) y facilita la reducción transitoria de la jornada ante fluctuaciones en la demanda (para redistribuir el despido en forma de menores horas de trabajo para toda la plantilla). Por otro, la negociación colectiva, el gran disparate de nuestro marco laboral, se desarma en buena parte: las grandes compañías, en contra del mensaje oficial, serán las grandes beneficiadas, pues el convenio de empresa prevalecerá sobre el de ámbito superior; las pymes, que por su tamaño no llegan a negociar convenios de empresa, no se verán eximidas de la aplicación de los convenios sectoriales, sino que como mucho podrán tratar de descolgarse de ellos (quedará por ver si, como sucede hasta ahora, las empresas que se descuelguen deberán compensar en el futuro a sus trabajadores las mermas salariales acordadas); y, por último, los convenios pierden su carácter indefinido dos años después de que haya expirado su plazo de vigencia (desaparece la famosa ultraactividad), lo que restará a los sindicatos gran parte de su potencial chantajista.

En resumen, una reforma de momento con claroscuros. En líneas generales, y a falta de conocer los decisivos detalles de su desarrollo normativo, el mercado laboral español seguirá encorsetado en una legislación laboral intervencionista –incrementada en alguno de sus puntos por la actual reforma– que, para más inri, seguirá en gran parte manejada por jueces activistas y por sindicatos rentistas, pero al menos ganará alguna flexibilidad sobre todo en lo que a negociación colectiva se refiere.

De las tres grandes reformas, esta puede que sea la única salvable: después de un ajuste presupuestario calamitoso y de un saneamiento financiero sin sustancia alguna, al menos el PP no ha seguido sorprendiéndonos negativamente (tampoco es que lo haya hecho positivamente). Cuestión distinta, claro está, es que tales parchecitos sean suficientes para reordenar un mercado laboral español totalmente desestructurado y que pedía a gritos una liberalización de verdad. Descontando la belicosa oposición de magistrados y sindicatos, mucho me temo que estas medias tintas ni siquiera llegarán a salir del tintero que las tiene encapsuladas: el obstruccionismo de estos grupos de presión taponará los pocos recovecos que este mojigatamente socialdemócrata Partido Popular se ha atrevido por fin a entreabrir.

10 febrero 2012

La “Donum vitae” cumple 25 años

P. Fernando Pascual
Profesor en el Regina Apostolorum de Roma
Análisis Digital

Corría el mes de febrero de 1987 cuando se firmaba en el Vaticano un documento que trataba, entre otros temas, sobre la fecundación artificial. Su título era “Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación”. En latín se conoce simplemente como “Donum vitae”.

El documento estaba firmado por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger en cuanto prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Contaba con la autorización explícita de un Papa enamorado de la vida: el beato Juan Pablo II.

No se busca aquí resumir la doctrina de un documento muy rico y profundo, sino simplemente resaltar su importancia y su valor profético.

Desde 1978, al menos según los datos “oficiales”, la fecundación in vitro hizo posible el nacimiento de niños concebidos en laboratorio. Llegar a esta conquista técnica significaba una auténtica revolución, porque permitía realizar algo que hasta entonces parecía utópico: dominar técnicamente el inicio de la vida de los hijos según los deseos de los adultos.

Los motivos que llevaron a la primera técnica usada de fecundación in vitro (conocida por sus siglas como FIV o, en inglés, IVF) y a las variantes que se desarrollaron en los siguientes años son diferentes. En un número muy elevado de casos, se trata de ayudar a tener hijos a quienes no los tienen de modo natural. En otros casos, se busca obtener hijos con ciertas características, es decir, seleccionados.

Existen, además, laboratorios que buscan “fabricar” embriones (que son hijos de sus respectivos padres biológicos) simplemente para usarlos en experimentos más o menos “interesantes” y prometedores. Es oportuno recalcar que, tal y como normalmente se realizan esos experimentos, los embriones usados en los mismos son destruidos.

Ante la nueva situación, la Iglesia intervino, primero, con el documento que ahora recordamos, la “Donum vitae”; luego, con un documento que continuaba y ampliaba los temas tratados en 1987 y que tiene como título “Dignitas personae”, publicado en diciembre de 2008 por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El documento de 1987 fue un grito profético a favor de los hijos y del matrimonio, frente a los peligros de la invasión tecnológica en un momento muy delicado para toda vida humana: la fecundación y las primeras fases de desarrollo de los embriones.

Después de 25 años, por desgracia, los peligros se han agigantado en proporciones difíciles de evaluar. Al mirar lo que ha ocurrido en tantos países, podemos recordar que miles y miles de embriones han sido usados y destruidos simplemente como parte de un sistema que buscaba “producir” vidas a costa de permitir y provocar muertes.

Además, miles y miles de embriones fueron congelados según procedimientos “rutinarios” usados en muchas clínicas de la fertilidad. Muchos de esos embriones siguen todavía hoy encerrados en “neveras” mientras se decide sobre su suerte.

Respecto a los diagnósticos prenatales, otro tema abordado por la “Donum vitae”, también se constata el triunfo de una mentalidad selectiva, en la que se valora a los embriones humanos según niveles de calidad. Esa mentalidad ha desarrollado técnicas de diagnóstico preimplantatorio (sobre las que no habló la “Donum vitae”, pero sí el documento de 2008 antes mencionado), que permiten conocer las características de los embriones producidos en el laboratorio. Los embriones que llegan a superar el “standard” exigido, son respetados y acogidos; los que no, simplemente son destruidos en el laboratorio o, si ya viven en el seno materno, a través del aborto.

Ciertamente, las técnicas de reproducción artificial han permitido el nacimiento de miles de hijos que de lo contrario hoy no existirían. Pero un resultado bueno, el inicio de una vida humana, no justifica nunca el recurso a un método invasivo e injusto, como lo son las diferentes técnicas de fecundación in vitro (la FIV y la ICSI, por mencionar dos de las más usadas); o como lo son aquellas modalidades de inseminación artificial que no respetan la dignidad del matrimonio (tema sobre el que también habló la “Donum vitae”).

Como indicaba la “Donum vitae”, el legítimo deseo de un hijo “no es suficiente para justificar una valoración moral positiva de la fecundación in vitro entre los esposos”, por dos motivos de fondo: porque la procreación sólo puede ser correcta en el contexto de una relación sexual entre los esposos (y no como dominio de la técnica); y porque todo embrión merece iniciar la propia vida en el seno materno y sin invasiones técnicas que puedan poner en peligro su vida.

Han pasado 25 años desde que fuera publicado un documento profético. Volver a tomarlo en nuestras manos y leerlo con atención hará posible el que muchos corazones descubran los males que se derivan de la fecundación artificial y, sobre todo, que se comprometan a trabajar generosa y valientemente para defender la dignidad de la procreación humana.

Una sentencia por la democracia

Agapito Maestre
Libertad Digital

La democracia no es sólo un supuesto, algo que nos viene dado como si de una herencia se tratara, sino que es una conquista trabajosa y llena de esfuerzos y sinsabores. Esta sentencia del Supremo da una prueba más de esa doble condición de la democracia.

Quienes la han dictado sabían que no sólo estaban defendiendo una institución, el poder judicial del que ellos forman parte, sino conquistando un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que se nos ha querido arrebatar por un comportamiento prevaricador de un juez. Hoy es un día, pues, para que los defensores del sistema democrático no alegremos por esa decisión judicial, que ha puesto el Derecho por encima de los intereses corporativos.



El Derecho, como toda institución humana, no es absoluto. Es perfectible. Toda sentencia judicial puede, e incluso debería ser criticable, para que la próxima tenga un mayor grado de excelencia. En otras palabras, creo que la sentencia del Supremo dictada contra un juez que no ha respetado una garantía fundamental es mejorable, pero, por fortuna, deja claro que aspira a tener validez universal. No se trata de una sentencia contra una persona concreta, sino contra todos los jueces posibles que pudieran saltarse las normas fundamentales del Estado de Derecho. He ahí una prueba básica de que nuestro actual Estado de Derecho, que en modo alguno agota la democracia, es una obra en permanente construcción para traer más y mejor democracia. Aunque sólo fuera por eso, por asegurar nuestra democracia, debemos felicitar a quienes han fallado en este juicio.



No se condena, pues, a un juez concreto, sino una conducta delictiva que puede fácilmente evaluarse a la luz del Código Penal Español. Un Juez que no garantiza el derecho de defensa de un imputado, se salta a la torera el derecho al secreto profesional del abogado y, por supuesto, se pasa por el arco de sus caprichos el derecho a la intimidad tanto del imputado como del letrado, es sin duda persona propicia para que puedan aplicársele fácilmente los artículos 446.3 y 536 de nuestro Código Penal. El 446 es sencillo de recordar: "El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado (…) con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injusta". O sea, Garzón podría haber salido aún peor parado, si le hubieran aplicado de modo estricto el citado artículo. Y, según el artículo 536 del Código Penal, Garzón ha violado las garantías constitucionales o legales al interferir la relación de comunicación entre el imputado y su defensor; en fin, el Juez hizo mangas y capirotes de una norma fundamental, nuestra Constitución, que garantiza un juicio justo a todos los españoles imputados en una causa judicial. Escuchar ilegalmente las conversaciones entre unos imputados y sus abogados es, sencillamente, un delito de prevaricación, según nuestro Tribunal Supremo, y tiendo a pensar que también según dicta el sentido común.

La Biblia, versión de la CEE

Cardenal Antonio Cañizares
Religión en Libertad

Estos mismos días, en el Palacio de Congresos de la Castellana, se está celebrando un Congreso sobre La Sagrada Escritura, o más exactamente, sobre la Palabra de Dios. Sin duda se trata de un acontecimiento merecedor de toda atención: por su importancia, por el número de asistentes, por la representación tan cualificada de la Jerarquía de la Iglesia y de colaboradores en la acción pastoral de la Iglesia, por la misma calidad de los ponentes y la hondura y rigurosidad de sus planteamientos, por tantas otras cosas. ¿Cuál es el motivo o la ocasión de este magno Congreso? El más inmediato es el de la presentación al gran público, a todos los fieles y a quienes estén interesados, de la nueva traducción oficial de la Conferencia Episcopal de la Sagrada Escritura. Es la primera vez que esto ocurre.

De todos es conocido, –y todos se han beneficiado–, el gran impulso dado por el Concilio Vaticano II al conocimiento, lectura y difusión de la Sagrada Escritura, especialmente en el texto de su Constitución sobre «la Revelación divina». La Liturgia ha sido uno de lo cauces privilegiados y principales por el que se ha llevado a cabo la disposición conciliar de «abrir los tesoros de la Biblia con mayor amplitud», de modo que la mesa de la Palabra de Dios se preparara con mayor abundancia para los fieles.

En la espléndida, difícilmente mejorable, lúcida e iluminadora introducción de la Conferencia Episcopal a esta versión oficial –que no se puede ni se debería dejar de leer, rumiar y asimilar– se recuerda que «este mandato del Concilio lo concretó la reforma litúrgica aumentando notablemente las lecturas obligatorias u opcionales que se incluyeron en los leccionarios de la Misa y de la Liturgia de las Horas. Se logró así que el pueblo cristiano pueda escuchar en la Liturgia las partes más significativas de la Sagrada Escritura».

Al mismo tiempo, tanto en la catequesis, en las aulas, en la teología, en las distintas formas de predicación y de transmisión de la fe, como en la misma vida de las comunidades, de las asociaciones y movimientos, y de sacerdotes y fieles ha ido creciendo el interés innegable por el conocimiento y profundización de las Sagradas Escrituras, constituyendo este impulso uno de los más fecundos y renovadores de las últimas décadas dentro de la Iglesia. Son muchas y valiosas, sin duda alguna, las traducciones que distintas casas editoriales o grupos de expertos biblistas han hecho; su contribución a que la Palabra de Dios sea alimento principal de todo el pueblo de Dios ha sido extraordinaria y merecedora de todo agradecimiento y de gran admiración. «Ocurre, sin embargo, –señalan justamente los Obispos en la mencionada introducción–, que en el caso de los textos bíblicos que se proclaman en la Liturgia y, de forma muy significativa, en el de los salmos, himnos y cánticos, la traducción que se escucha en las celebraciones litúrgicas difiere de la que se puede leer en las otras muchas versiones de la Biblia que se han venido realizando antes de y, sobre todo, después del Concilio Vaticano II.

En relación con estas versiones cabe afirmar que, cuando se han realizado de acuerdo con los criterios señalados por el Vaticano II, es decir, con exactitud respecto a los textos originales y adaptación al genio propio de la lengua, han facilitado el encuentro de los fieles con la Palabra de Dios. Con todo, no parece exagerado afirmar que el hecho mismo de la proliferación de traducciones a la lengua vernácula y, en particular, las diferencias ya señaladas en la versión que se proclama en la Liturgia no contribuyen a que las palabras sagradas se vayan grabando en el corazón de los fieles y puedan aflorar espontáneamente, la catequesis, la oración, la celebración litúrgica y cualquier otro ámbito de la existencia cristiana». Por eso esta versión oficial.

Además de la excelente y concienzuda obra realizada durante años por el grupo de expertos biblistas, de su espléndido y bello lenguaje literario, del cuidado riguroso seguido por toda la Conferencia a lo largo de tantas reuniones de trabajo en diferentes organismos, así como el detenido examen de la Congregación para el Culto Divino, es necesario señalar y justamente encarecer y agradecer el primor y belleza de la edición o de la presentación tipográfica que la Biblioteca de Autores Cristianos ha realizado. Merecía hacerlo así.

No hay hechos casuales. Todo ocurre bajo la Providencia de Dios. Y Providencia es que aparezca esta versión oficial, al mismo tiempo prácticamente que el Papa dio a conocer su Exhortación Apostólica postsinodal «Verbum Domini» sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Esta nueva versión oficial española contribuirá de manera muy decidida y vigorosa a que, en España y otros países, la Palabra de Dios ocupe el lugar que corresponde en la vida de todos los fieles, a que vivamos de ella, y demos frutos abundantes de santidad, de caridad, de fe, de justicia, de vida y humanidad nueva, ..., que sólo pueden venir del riego, de la lluvia y de la fuente del agua viva de esta Palabra que sale de la boca de Dios. Esta sí que es una buena e importantísima noticia. Un camino de esperanza. Más de lo que se puede pensar.

Garzón pierde, la justicia gana

Pío Moa
LA GACETA

Por ahora va ganando la justicia a Garzón y a la izquierda corrupta y delincuente. Falta un caso en el fondo mucho peor, porque tiende a envenenar la convivencia democrática en España: sus sucias mentiras y manipulaciones en torno a las “víctimas del franquismo”. De momento, al menos, se le acabó la impunidad.

Dice Garzón que “el tribunal de un hombre es su conciencia y la mía está tranquila”. ¡Esto lo dice un juez! Lo mismo dirá Carrillo y, seguramente, el Zapo, Rubalcaba o la doctora Burrianes. O Hitler o Stalin, puestos a ello. Pero a los delincuentes no se les juzga según su propia conciencia, sino según las leyes y un concepto moral que el infame juez ha transgredido de modo ostentoso. Dice también este desvergonzado que el Supremo impide investigar la corrupción. ¡Hasta dónde ha caído en alguna gente, no ya el concepto de justicia, sino la más elemental vergüenza!

Y el fiscal dice que es “patético y ridículo juzgar a Garzón por la causa del franquismo”. Lo que es patético y ridículo, o, peor aún, abyecto, es un fiscal que defiende la prevaricación más repugnante. Si queda algo de justicia, es decir, de justicia independiente en España, este sujeto debiera ser apartado de una carrera a la que sume en el mayor descrédito. Dice este “fiscal” que la matanza de Paracuellos “fue un hecho puntual de saca de presos”. El insulto permanente a la justicia y a la historia por parte de los prochekistas.

El ejemplo de América

Santiago Martín
Católicos ON LINE

Hace unas semanas, el presidente de los obispos venezolanos le pedía abiertamente a Chaves que no prolongara sus mandatos, sobre todo estando enfermo. Más tarde, el arzobispo de San Salvador salía al paso de la pretensión de su presidente de abrogar la ley de amnistía que había servido para devolver la paz al país tras la guerra civil. En Panamá, por su parte, el arzobispo de la capital hacía oír su voz para alertar del peligro de involución democrática. En Tegucigalpa, su cardenal denuncia la violencia en que está sumida Honduras. Ahora es el presidente de los obispos colombianos y arzobispo de Bogotá el que recrimina al Estado que haya dejado abandonadas amplias zonas de la nación, que han caído en manos de la guerrilla.
Unos y otros se están comportando como auténticos pastores del rebaño de Cristo. Cuando ven venir el lobo, no se esconden ni miran hacia otra parte. No buscan el aplauso de los que mandan, ni temen las consecuencias que les puedan acaecer por sus críticas. Ciertamente, en ellos la Iglesia latinoamericana está viviendo una época gloriosa, de defensa de los intereses verdaderos del pueblo, eso sin olvidar el principal objetivo de su misión, que es la evangelización. Y si hablamos de lo que sucede en Latinoamérica, no podemos dejar de fijarnos en lo que pasa en el norte del continente, con la valiente toma de postura de la inmensa mayoría de los obispos ante la pretensión de Obama de obligar a las asociaciones católicas a costear la píldora abortiva a sus empleados.
Esta actitud valiente contrasta con la timidez de los obispos del viejo continente, que o no hacen nada o prefieren moverse en la trastienda de la política para conseguir resultados, lo cual a veces se logra y otras no, con el inconveniente de que el pueblo tiene la impresión de que sus pastores viven ajenos a sus problemas.
No es de extrañar, por ello, que la Iglesia católica sea en América una de las instituciones más valoradas y que todos sientan hacia ella un profundo respeto, incluso cuando no comparten o practican sus normas morales. Claro que con esto no es suficiente, pues por desgracia, como reconocía el presidente de los obispos colombianos, monseñor Rubiano, la secularización crece rápidamente también allí. Pero al menos ya es algo. Debería ser un punto de partida para que el prestigio conseguido en defender a los pobres y a las víctimas de las injusticias se transformara en vitalidad evangelizadora. En eso están, aunque el reto que tienen por delante es inmenso.

Garzón y los crímenes de la izquierda

Ángel David Martín Rubio
Historiador y autor de ‘Reflexión sobre las víctimas de la Guerra’
LA GACETA

El juez Baltasar Garzón no está siendo procesado por una virtual investigación de los “crímenes del franquismo”, sino por haber olvidado que la aplicación de la Ley pertenece a la esencia de un Estado de Derecho.

El aforismo “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa” expresa lacónicamente que no puede sancionarse una conducta si la Ley no la califica como delito previamente. Tampoco cabe olvidar al respecto la existencia de mecanismos de extinción o no exigencia de la responsabilidad penal, como es el caso de la prescripción o de la amnistía.

En derecho penal, la prescripción produce la extinción de la acción y de la pena. Aplicado a los sucesos de nuestra historia más reciente, es el caso del decreto que en marzo de 1969 declaraba prescritas las responsabilidades penales por hechos cometidos durante la Guerra Civil “cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias”. Es significativo que el régimen nacido del 18 de julio no considerara oportuno aplicar, ni siquiera a los asesinatos cometidos por sus enemigos, los acuerdos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad, tomados con mucha posterioridad a los sucesos, invocando la convivencia de 30 años que había seguido a “lo que en su día fue una lucha entre hermanos unidos hoy en la afirmación de una España común”.

En fecha tan temprana, se abría paso la consideración de los sucesos de la Guerra Civil no como un nuevo objeto de disputa entre los españoles, sino como historia común asumida responsablemente por todos.

Por la amnistía, los culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Como acto jurídico normalmente emanado del Poder Legislativo, suele ir asociado a momentos de cambio político y de liquidación de responsabilidades, y tal es el caso de la Ley de Amnistía de 1977. Ahora bien, lejos de favorecer una presunta impunidad de quienes otorgaron esta ley (para ello haría falta el absurdo de que ellos mismos se consideraran culpables), permitió liquidar las responsabilidades por los crímenes cometidos a partir de 1939 y fueron los terroristas de ultraizquierda quienes resultaron sus principales beneficiarios.

Vulnerando ambos principios, el de la prescripción y el de la amnistía, Baltasar Garzón ha dirigido su particular ofensiva contra unos sucesos que resultan ya imposibles de juzgar, no solamente por carecer de instrumento legal que lo permita, sino por la ausencia de responsables, testigos cualificados, capacidad de defensa, adecuada instrucción y contextualización… Con el agravante de que el juez acota parcialmente su objeto de atención negándose a investigar los crímenes cometidos por el Gobierno del Frente Popular y, más en concreto, los asesinatos masivos que tuvieron como escenario el término municipal de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, donde se calcula que en menos de un mes fueron asesinadas más de cuatro mil personas.

El Gobierno republicano –antes de huir a Valencia al aproximarse las tropas nacionales a la capital de España– dejó la situación en manos de la Junta de Defensa de Madrid, creada el 6 de noviembre de 1936 con el comunista Santiago Carrillo al frente de la Consejería de Orden Público. Al mismo tiempo, se pone en marcha el más mortífero sistema represivo preparado por el Gobierno fugitivo y ejecutado por la Junta y su consejero de Orden Público.

Pretender, como hace ahora Garzón, que en Paracuellos “no hubo delitos contra altos organismos de la Nación” no es solamente una vulneración de la Justicia sino, ante todo, de la verdad, tantas veces sacrificada en el altar de la Memoria Histórica. Porque si es cierto que los más altos organismos de la Nación estuvieron implicados en la matanza, no lo es menos que con ella pretendían dar por liquidado el proceso represivo iniciado en julio de 1936 y que ya había costado la vida a miles de madrileños.

La presencia de centenares de militares y eclesiásticos entre las víctimas de Paracuellos es indicio de ello, pero no lo es menos el asesinato de centenares de representantes de los grupos políticos y sociales que en los años anteriores habían hecho frente a la ofensiva revolucionaria protagonizada por la izquierda con anterioridad al origen de la Guerra Civil.

Podemos recordar, para concluir, que en diciembre de 1936 Stalin había recibido del socialista Largo Caballero –por entonces al frente del Gobierno– la confesión de que “cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, esta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas”. Unas palabras que definen el escenario de un régimen totalitario y violento, escenario político del más violento episodio represivo de toda la Guerra Civil, un episodio que Garzón se niega a investigar.

Constitucionalidad, legalidad, política

Aleix Vidal-Quadras
LA GACETA

El ministro de Justicia ha hecho saber a la ciudadanía que en su opinión -no necesariamente modesta- el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional

De acuerdo con esta imaginativa visión de Alberto Ruiz Gallardón, la homologación jurídica, antropológica y semántica a todos los efectos de la unión estable de un hombre y una mujer con la de dos hombres o dos mujeres es compatible con nuestro ordenamiento básico. Dado que el Partido Popular, se intuye que desde una perspectiva corporativa distinta a la de tan ilustre y revoltoso militante, votó en su día en contra de la correspondiente ley zapateril, presentó una enmienda a la totalidad y la tiene recurrida ante el Alto Tribunal, parece obvio que sobre tan interesante cuestión no hay unanimidad en las filas de mayoría gubernamental. Nada grave si se tiene en cuenta que nuestro principal problema es el paro y de momento no se ha detectado una correlación entre la situación laboral y la orientación sexual. Sin embargo, esta polémica trae a la luz un tema muy interesante: la distinción entre lo que es constitucional, lo que es legal y lo que cada grupo del arco parlamentario considera políticamente deseable o aceptable. No todo lo que encaja en la Norma Suprema es legal ni mucho menos adecuado para aparecer en el programa electoral o en el ideario de unas siglas concretas. En efecto, las leyes pueden cambiar y la Constitución seguir incólume, al igual que sin salir del marco de la Ley Fundamental los partidos pueden propugnar sistemas fiscales, educativos o de pensiones netamente diferentes. Por tanto, en el Gobierno sustentado por nuestro catch-all party de centro-derecha existen actualmente tres posiciones en relación a este delicado punto, la del ex-alcalde de Madrid, conocido apóstol de la manga ancha, la del ministro del Interior, adscrito sin ambages a las tesis iusnaturalistas y la de la ministra de Asuntos Sociales, proclive a esperar y ver, en este caso, la sentencia del Constitucional. Esta pluralidad interna del PP demuestra que en el ámbito de las llamadas cuestiones de conciencia no es perceptible una tesis monolítica en la tropa comandada por Mariano Rajoy, lo que puede ser considerado inquietante o simplemente un reflejo de que el eje central de su doctrina no pasa por trascendentales dilemas morales, sino por áreas más prácticas y tangibles. A medida que este Ejecutivo liberal-conservador- social-cristiano-tecnocrático vaya tomando decisiones y enviando proyectos legislativos al Congreso iremos delimitando el núcleo duro de sus convicciones para distinguirlo de la periferia tornasolada de lo que maneja como elásticamente adaptable. Nos esperan cuatro años de fascinantes descubrimientos y yo les confieso que ardo de curiosidad.

Ya vendrán tiempos peores

Alberto Pérez de Vargas
Europa Sur

Antecedentes, sucesos y consecuentes del congreso del PSOE en Sevilla anuncian que a este partido le espera, en el mejor de los casos, una larga y pesada travesía del desierto que podría conducir en el peor de los supuestos a su extinción de hecho y acaso de derecho, abriendo cancha a otras formaciones de izquierda hoy emergentes. La consideración de las candidaturas, la génesis de su configuración, los personajes, las pocas voces y los muchos ecos permiten concluir que los socialistas están en una etapa de confusión ideológica vacía de liderazgo y de contenidos.

Tener que elegir entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón es un síntoma inequívoco de que el camino se está desdibujando y de que el grupo no encuentra un modo de recomponer el desfile. No creo que merezca la pena insistir en la personalidad de los candidatos, sin embargo sí creo que es importante llamar la atención sobre el hecho cierto de que ni el grupo ha sido capaz de dar con la estrategia que conviene para encontrar un líder sólido, ni nadie se ha atrevido a proponerse como alternativa.

Los compromisarios socialistas se vuelven a casa con un pasado próximo de echarse a llorar y con un futuro que se anuncia estremecedor. Los dos contendientes han participado con notable protagonismo en los Gobiernos que han dejado España no ya hecha unos zorros sino deshecha en rencores y frustraciones. Rodríguez Zapatero no se ha limitado a mostrar sus graves carencias sino que se ha empeñado y bien que lo ha logrado, en hacer desaparecer de la escena a los que podrían haber aportado al partido, solidez ideológica, presencia y experiencia.

Rubalcaba es una especie de zombi recuperado del pasado que ha sobrevivido a la limpieza generacional arbitrada por Zapatero, gracias a sus habilidades y a su ambición y capacidad de resistencia. Desde luego habría sido peor una victoria de Chacón, pero la exigua diferencia señala tanto el grado de estimación que el nuevo secretario general merece entre sus compañeros como las posibilidades que tiene de sobrevivir al tiempo que llega.

Las elecciones andaluzas pueden acabar en una debacle mayor que las anteriores. El desgaste del Partido Popular es mínimo y está cambiando el triste panorama que dejaron los socialistas. La corrupción llega a San Telmo y Griñán que se queda en la ejecutiva por su condición de candidato, no ha podido acumular más torpezas y desaciertos. Entre unos y otros cavan la fosa que albergará los restos de una estructura que se hunde sin remedio. No es bueno que así sea, pero parece inevitable. Harían bien en dejar en paz el Concordato y en aprovechar la Cuaresma para ponerse a rezar por sus pobres y descalcificados huesos.

El PSOE señala a la Iglesia como su principal enemigo

Luis Fernando Pérez
Periodista
Católicos ON LINE

Lo he dicho, lo digo y lo diré mientras pueda. En el ADN del PSOE, desde su fundación está inscrito el totalitarismo, el laicismo radical, el anticlericalismo feroz. Y si alguien tenía alguna duda, solo tiene que escuchar lo que su nuevo secretario general ha dicho este sábado en el discurso con el que pedía el voto de su partido. Nadie puede llamarse a engaño. Rubalcaba ha sido claro, directo, contundente:

Si retrocedemos cada vez que la derecha llega al poder, y reconsidera todas las leyes, trata de imponernos su dogmas y revisa las normas con las que iniciamos la transición, el PSOE se va a plantear muy seriamente también la revisión de todos esos pactos y, en concreto, los acuerdos con la Santa Sede

¿Alguien cree que esas palabras han encontrado poco eco entre los allí presentes? Pues no. Resulta que han sido las más aplaudidas de su discurso.

El nuevo líder del PSOE tuvo la caradura de hablar de ruptura del consenso:

“si retrocedemos en todo, si quieren sistemáticamente romper todos los consensos, si quieren volver atrás 30 años, nosotros aceptaremos el reto, volveremos también a hace 30 años y nos replantearemos nuestras posiciones, que han sido sensatas en pos de la convivencia y cohesión social".

Es decir, para los socialistas el hecho de que en los últimos ocho años millones de españoles se hayan tirado a la calle para protestar contra sus leyes de ingeniería social no implica que no hubiera consenso sobre dichas leyes. Para el socialismo español el consenso es decir sí y amén al aborto, al matrimonio homosexual, a “su” educación para la ciudadanía, a su ideología de género, a etc. Y si no dices sí y amén a lo que quieren, estás rompiendo la paz social y la convivencia. Es más, amenazan con volver 30 años atrás. Es un detalle que digan 30 y no 76, que seguramente es lo que a muchos les pide el cuerpo.

Ruabalcaba ha amenazado con romper los acuerdos con la Iglesia si vuelven a gobernar y si al PP le da por cumplir con el programa electoral que ha recibido el refrendo de una mayoría de españoles. La jugada es peculiar. Relaciona claramente la posible política del PP con la Iglesia Católica, a pesar de que la mayoría de los principios no negociables marcados por Benedicto XVI no figuran, ni de lejos, en el programa de los populares. Todo lo que ha hecho el PP hasta ahora ha sido anunciar que volverá a la anterior ley del aborto -esa que nos trajo cien mil abortos al año- y asegurar que va a cambiar Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional. Y en relación al matrimonio homosexual, esperarán a lo que diga el Tribunal Constitucional.

Pues bien, señores, esto es lo que tenemos. Ese es el verdadero rostro del socialismo en España -a menos que UPyD consiga ocupar parte de ese espectro político-. La candidata que ha perdido la votación de hoy dijo más o menos lo mismo, lo cual implica que el partido entero piensa que el principal enemigo ideológico que tiene delante es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Hoy no nos amenazan con llenar las cunetas de mártires. Se conforman con romper los acuerdos del estado español con el Vaticano. Pero nadie dude que no se conformarán con esa medida. El PSOE usará todos los resortes que le permita el sistema democrático para machacar cualquier indicio de catolicismo en la vida política y social de este país. Y si es menester saltarse ese sistema, lo hará. Rubalcaba sabe mucho, muchísimo, de juego sucio y de cloacas del Estado. Téngalo en cuenta los católicos practicantes. Ténganlo en cuenta los obispos. Ténganlo en cuenta en Roma. Ténganlo en cuenta todos aquellos que, sin ser católicos, tienen algo de aprecio por España y por la libertad.

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

Carlos Alberto Montaner
El Diario Exterior

"En todo caso, el entusiasmo de los venezolanos por la carta de la diputada a Fidel Castro no es por lo que ella le dijo a Chávez, sino por lo que les dice "a los cubanos".

María Corina Machado le ha escrito una carta abierta a Fidel Castro que ha estremecido el ciberespacio. Debo haberla recibido trescientas veces desde que comenzó a circular por Internet. No tiene desperdicio.

María Corina es una atractiva ingeniera venezolana de 45 años, experta en cuestiones empresariales, diputada antichavista, madre de tres hijos y candidata a encabezar a los demócratas de su país en las elecciones primarias del 12 de febrero próximo, fecha en que la oposición elegirá entre cinco políticos a la figura unitaria que deberá enfrentarse a Chávez (si está vivo en esa fecha) en los comicios del 7 de octubre próximo.

Recientemente, la señora Machado adquirió notoriedad internacional cuando interrumpió y respondió contundentemente al maratónico discurso del presidente Chávez ante la asamblea legislativa. No obstante, Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, se mantiene al frente en todas las encuestas que he visto, seguido de cerca por Pablo Pérez, joven gobernador de Zulia.

A propósito de la intervención de la diputada, Fidel Castro, en uno de los textos que suele publicar bajo el título de “Reflexiones”, entró en el debate venezolano atacando a María Corina y defendiendo a su discípulo Chávez de la acusación de “ladrón”, tarea imposible, dado el grado de corrupción e impunidad que se observa en el país.

Según Transparency International, la organización que mide los niveles de corrupción en el sector público mundial, en el ranking de los 176 países escrutados, Venezuela ocupa el 164. Es el país más podrido de América Latina. Más, incluso, que Haití (146), la segunda nación más corrupta de la región. Dato que le da la razón a la diputada y compromete la honra del presidente Chávez: si no lo impide, es porque ésa sería su ilegal forma de ejercer el poder, o, si no lo persigue, porque no está enterado, en ambas situaciones se demostraría que no debe seguir al frente del país.

En todo caso, el entusiasmo de los venezolanos por la carta de la diputada a Fidel Castro no es por lo que ella le dijo a Chávez, sino por lo que les dice “a los cubanos”. María Corina le reprocha al Comandante los ciento diez mil barriles diarios de petróleo que su país le entrega a Cuba sin esperanzas de cobro. Le recuerda las numerosas operaciones fraudulentas de ventas internacionales a Venezuela trianguladas a través de La Habana sin otro objeto que el de engordar las arcas cubanas a costa del sacrificio de los trabajadores venezolanos. Condena la grosera injerencia de la policía política y el ejército de la Isla en su rica colonia sudamericana, pero le advierte a Fidel Castro que no debe olvidar cómo, en el pasado, cuando el régimen cubano infiltró guerrillas y saboteadores en el país, los gobiernos democráticos de entonces y las Fuerzas Armadas Nacionales derrotaron totalmente esos intentos subversivos, algo que volverá a suceder en el futuro.

La popular acogida a la carta de la diputada demuestra la profunda molestia de los venezolanos con el tipo de relación metrópoli-colonia establecida entre Cuba y Venezuela por decisión de Hugo Chávez, incluso contra el criterio de muchos chavistas que ven esos vínculos como un hecho humillante e inexplicable.

Es la primera vez en la historia que una nación más rica, poderosa, grande, poblada, desarrollada y educada, se subordina voluntariamente a las órdenes e intereses de otra más pobre, marginal y fracasada que la explota inicuamente.

Y ésta no es una percepción política de la oposición, sino un lógico sentimiento popular expresado de múltiples maneras. En YouTube existe, para cualquiera que desee verlo, un video amateur recientemente filmado en el aeropuerto de Maiquetía (Caracas), que refleja ese profundo sentimiento anticubano germinado en el corazón de los venezolanos.

Se trata del colérico recibimiento a una nutrida delegación cubana que llegaba a Venezuela vistiendo camisetas con el rostro del Che Guevara. De pronto, espontáneamente, primero unos pocos, luego decenas, más tarde centenares, empleados, viajeros y acompañantes, los venezolanos comenzaron a gritar ¡Fuera¡ ¡Fuera¡ ¡Fuera¡ ante la perplejidad de unos cubanos que no sabían que los recibirían a gritos, con la furia que muestran los siervos ante los amos cuando llega el momento de la liberación.

Para Raúl Castro, el fin del chavismo, ya sea por defunción del teniente coronel o por una derrota política imparable, significará un peligroso descalabro económico y político. Ni siquiera puede descartar una especie de operación Dunkerque caribeña, evacuación urgente de decenas de miles de cubanos enquistados en la maquinaria pública venezolana a los que habría que proteger de la ira popular. Si eso sucede, ya sabe que los cubanos se irán escoltados por un grito visceral que los venezolanos han estado ensayando a todo pulmón: ¡Fuera!

Obama, los católicos, y el Partido Demócrata

José Carlos Rodríguez
Periodista
LA GACETA

Los católicos hace tiempo que formaban parte de las tribus demócratas. ¿Eres negro? Votas demócrata. ¿Eres judío? Votas demócrata. ¿Eres católico? Votas demócrata. Es así. De algún modo, el Republicano era el partido de los blancos protestantes. Había razones históricas importantes. Algunos peregrinos huían de los “papistas”, pero sobre todo de otros protestantes o de los anglicanos. Pero eran sobre todo denominaciones con muchos prejuicios contra el catolicismo. Los italianos, los irlandeses, fueron integrándose poco a poco en la sociedad y la política estadounidenses. Los demócratas, de algún modo, han recogido a aquéllos que tenían mal encaje en el Partido Republicano.

El primer y último presidente católico de los Estados Unidos, John F. Kennedy, era demócrata. El penúltimo candidato demócrata a la presidencia, otro JFK (John F. Kerry), era católico. El vicepresidente actual, Joe Biden, es católico.

Hay cierta contradicción entre el voto demócrata y el catolicismo, porque los demócratas son el partido de la izquierda y en materia moral defienden ideas que chocan con la del catolicismo. Ese difícil equilibrio se ha roto.

Por un lado los republicanos se han hecho más y más conservadores en lo moral. No lo eran, necesariamente. Pero desde los 80’ eso ha cambiado. Y por otro está en el poder Barack H. Obama, el presidente más a la izquierda de la historia de EEUU.

Ahora Obama ha hecho lo siguiente: 1) Pone todo lo que tenga que ver con la salud bajo la manta del gobierno federal. 2) Lo que toca el gobierno federal tiene que seguir sus indicaciones. 3) Sus indicaciones incluyen la prescripción de condones. 4) Esa prescripción incluye a los hospitales católicos, y aquí está el lío.

Los católicos progresistas están abandonando a Obama. Quizás no al Partido Demócrata, pero en 2012 no habrá diferencia. Italianos, irlandeses, decíamos. Pero ahora la minoría más importante es la hispana, y es católica. Y no le gusta lo que oye procedente de la Casa Blanca. Si el Partido Demócrata sigue este camino, podría perder un importante caladero de votos.

La propiedad privada bajo ataque

Roberto Cachanosky
El Diario Exterior


Supongamos que Ud. tiene una casa. Esa casa figura en el registro de propiedad a su nombre. Ud. cree que esa casa es de su propiedad. Pero supongamos que el gobierno decide si puede alquilarla o no, a qué precio puede alquilarla, a quién puede alquilar, cuánto tiempo puede alquilarla, si puede venderla o no e infinidad de otras restricciones. Bien, en ese caso la casa figurará a nombre suyo, pero no será de su propiedad porque el uso de la misma estará tan arbitrariamente restringido por el gobierno que el verdadero dueño de su casa será el Estado y no Ud. La propiedad estará a su nombre pero la disponibilidad de la propiedad estará en manos del Estado. Esto quiere decir que la propiedad privada no desaparece solamente cuando el Estado la confisca, sino que también desaparece, o se ve fuertemente limitada, cuando el Estado decide por Ud. sobre el uso de la misma.

Seguramente más de uno considerará que el siguiente párrafo es exagerado, pero Argentina está transitando el camino de la abolición de la propiedad privada cuando consideramos que la propiedad privada implica poder disponer libremente de ella.

Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una persona que trabaja y tiene cierta capacidad de ahorro. Por el fruto de su trabajo recibe un pago en pesos, fruto de su trabajo que le pertenece. Esos pesos son propiedad privada del trabajador, pero el Estado le condiciona o le prohíbe la compra de dólares dependiendo de lo que decida la AFIP. Cuando la gente compra dólares como forma de ahorro es porque considera que los pesos que emite el BCRA no sirven como reserva de valor. Lo que hace el trabajador es defender sus ahorros, que son el fruto de su trabajo, pero el Estado no se lo permite o lo limita. Y aquí no corre el tema del control impositivo porque para eso están las declaraciones juradas anuales de ganancias en las cuales cada uno de nosotros tenemos que explicarle a la AFIP si generamos o no ese ahorro que destinamos a la compra de dólares. Para la AFIP todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario, lo cual implica violar los derechos humanos, porque el gobierno, por no tener una moneda confiable, trata de frenar la compra de dólares destruyendo un principio jurídico que solo establecen las dictaduras: esto es. Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. En vez de emitir una moneda confiable, el gobierno destruye su reserva de valor y obliga a la gente a tener pesos y no le permite defender sus ahorros, que finalmente, al ser el fruto de su trabajo, también es propiedad privada. En definitiva, al limitarle el acceso a la defensa de sus ahorros, el gobierno le confisca parte de sus ahorros con el impuesto inflacionario.

Sigamos con el ejemplo del trabajador que, con el fruto de su trabajo, decide comprarse algún bien importado. El Estado ha decidido que no tiene derecho a usar el fruto de su trabajo cómo a Ud. mejor le plazca, sino que, por serios problemas cambiarios, el gobierno limita el uso de la propiedad privada, decidiendo que Ud. con su esfuerzo diario no tiene derecho a comprar un producto importado. Lo limitan a comprar productos nacionales que por calidad o precio Ud. no quiere adquirir. Es más, tal vez Ud. quiera comprar un producto importado porque simplemente se le da la gana. Bien, el Estado ha decidió que su propiedad privada, su salario, puede usarse solo en lo que el Estado lo permite.

También, el Estado le aplicará un impuesto a las ganancias para financiar los llamados “planes sociales”. Sin ajuste por inflación de los mínimos no imponibles, el Estado le quitará una parte creciente del fruto de su trabajo. Ud. no podrá decidir a quién desea ayudar con su salario. El Estado ha decidido que le va a quitar a Ud. parte de su trabajo para que, en cadena, la presidente decida a quién le da y a quien no le da. Digamos que hace “beneficencia” con el dinero ajeno. El gobierno considera que tiene el monopolio de la “beneficencia” y que el resto de los argentinos somos todos avaros que no estamos dispuestos a ayudar a nuestros semejantes. Claro, al autoproclamarse como el único que tiene el monopolio de la “beneficencia” nadie puede controlar a quién beneficia, porqué lo beneficia y para qué lo beneficia.

Como gran “invento” de política económica, el gobierno ha decidido conformar una comisión multisectorial que se encargará de analizar los balances de las empresas de todos los sectores, definir si sus gerentes ganan mucho o poco, analizar sus costos y utilidades y decidir si ganan mucho o poco. De esta forma, supuestamente, el gobierno tendrá los elementos para definir qué aumento de salarios deberá pagar el sector privado según los “concienzudos” cálculos de los burócratas de turno.

Primera reflexión que surge inmediatamente. Ante la requisitoria de saber cuánto gana el gerente de una empresa, la respuesta sería: ¿y a Ud. que le importa? Ud. está en el Estado para defender el derecho a la vida, a la propiedad y la libertad de las personas, no para meterse, tipo KGB o SS, a averiguar cuánto gana mis gerentes. Para eso está la AFIP que recibe las declaraciones juradas anuales.

Respuesta del funcionario: “pero yo tengo el 54% de los votos”. Respuesta: Y a mí que me importa. Nuevamente, ese 54% solo lo habilita a utilizar el monopolio de la fuerza para defender mi derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Ese 54% no le otorga poderes ilimitados para violentar los derechos individuales y el derecho de propiedad. No solo no lo habilita a violar los derechos del 46% que no la votó, sino que no lo habilita a violar el derecho de una sola persona. Ud. confunde método de elección con los derechos que le otorga ganar una elección. Primero están los derechos de las personas y los límites que tiene que tener el gobierno en el uso del monopolio de la fuerza, y luego está la forma de elección. Se lo digo más claro: la persona elegida no puede hacer un uso discriminado del monopolio de la fuerza. La forma de elegir es solo un mecanismo para ver quién administrará la cosa pública bajo las restricciones establecidas. Si quiere podemos cambiar el método y elegir al presidente tirando los dados, apostando a las cartas o arrojando una moneda al aire, pero lo que no está en debate son los derechos individuales, la propiedad privada y el derecho a la libertad y la vida. Esos derechos no pueden violarse ni con el 54% de los votos ni con el 99%.

Segundo punto económico. Esa comisión interministerial va a analizar los balances y decidirá qué aumento de salarios corresponde aplicar en base a las utilidades obtenidas por las empresas. Sería bueno recordarles a quienes integran esa comisión que los balances son historia. Que una empresa haya tenido utilidades “altas” no quiere decir que este año las vaya a repetir. Proyectar salarios futuros en base a utilidades empresariales pasadas es un disparate conceptual. Y mayor disparate es cuando estamos en un país en el que nadie puede hacer cálculo económico porque no tenemos moneda por efecto de la inflación y, encima, a un señor se le ocurre cambiar todo el tiempo las reglas de juego. ¿Quién puede definir la utilidad que va a tener este año si no sabe cuál será la carga tributaria que tendrá que afrontar, si podrá producir lo que espera producir porque en una de esas le prohíben importar insumos que le bajan la producción, le cortan la energía e infinidad de otras incertidumbres?

Si el gobierno quiere seguir el criterio de fijar salarios en base a utilidades de sus balances, lo primero que tiene que hacer es, como mínimo, bajarle el sueldo a los directivos de Aerolíneas Argentinas.

A la hora de fijar salarios por productividad, ¿qué salario le corresponde a Moreno por entorpecer la producción, destruir riqueza y disminuir la eficiencia de la economía Argentina?

Tercer punto, definir si una utilidad es alta o baja depende, entre otras cosas, del riesgo institucional en el cual se maneja la empresa. Si la arbitrariedad en las reglas de juego está a la orden del día, la incertidumbre institucional determina que el accionista le pida una tasa de rentabilidad muy alta a su inversión. Si el riesgo institucional es bajo, la tasa de rentabilidad que se le pedirá a la inversión será más baja.

El salario real se determina como cualquier otro precio de la economía. En un país en que se invierte mucho, se demanda mano de obra. La mayor demanda de mano de obra eleva los salarios. Si el BCRA no destroza la moneda generando inflación, la mayor demanda de mano de obra obligará a pagar más salarios para que el empleado no se vaya a otra empresa y elevará el poder de compra de los salarios. Por otro lado, si por cada trabajador aumenta el sotck de capital, su productividad mejora, hay más oferta de bienes en el mercado y más demanda de mano de obra con lo cual su salario real sube. Esta es la fórmula que no tiene atajos para la prosperidad no demagógica.

Como el gobierno no genera confianza para que haya inversiones, la productividad de la economía no crece y la demanda de trabajo hoy se mantiene en niveles cercanos a los de la crisis del 2002. Nadie quiere tomar una persona más en su empresa. A lo sumo reemplazará algún puesto de trabajo. Inflación, baja inversión y productividad hacen imposible que el salario real mejore. Dado que el gobierno no va a cambiar su rumbo intervencionista, lo que cabe esperar es que, en su desesperación por tratar de emparchar los líos que hace a diario, inevitablemente termine avanzando cada vez más sobre la propiedad privada.

Antes hablaba los salarios, una empresa hoy tiene que pedir permiso para importar, para girar utilidades, para comprar dólares, para exportar, para aumentar sus precios, para pagar importaciones y cuántas regulaciones más se le ocurra al gobierno. La realidad, les guste o no a los empresarios, es que han dejado de ser dueños de sus empresas. Solo se limitan a gerenciarlas en base a las pautas que le impone Moreno, pautas que responden a las necesidades políticas de Cristina Fernández.

Los accionistas de las empresas solo tienen a título nominal la propiedad de las mismas. El verdadero dueño es el Estado que les dice qué pueden y qué no pueden hacer con sus empresas, flujos, utilidades, estrategias comerciales, exportaciones, importaciones, los salarios que deben pagar, etc.

En síntesis, hoy Ud. con su salario, que es el fruto de su trabajo, solo puede comprar lo que le autorizan los burócratas de turno. Y Ud. con su empresa, solo puede hacer lo que le autorice a hacer el gobierno. La propiedad privada en Argentina está, como mínimo, limitada a los caprichos de los gobernantes.

Insisto, mi afirmación puede lucir exagerada cuando afirmo que la propiedad privada está bajo ataque. Si no me cree, espere un poco más y después hablamos.

04 febrero 2012

Año IX - Nº 399

Una escuela libre de adoctrinamiento estatal

Editorial
Análisis Digital

Un Gobierno reformista es consciente de la necesidad de cambios profundos, pero sabe que sólo pueden acometerse de manera progresiva, de acuerdo a la realidad y con los recursos realmente disponibles. Esto es lo que parece que dominará en la política educativa del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministro José Ignacio Wert ha previsto la sustitución de la actual Educación para la Ciudadanía por una asignatura de Educación Cívica y Constitucional libre de la carga de adoctrinamiento estatal que ha suscitado el rechazo de un amplio sector de la sociedad. Esta es una excelente noticia largamente esperada, que contribuye a dejar a la escuela libre de batallas ideológicas La reforma también prevé que el primer curso del nuevo Bachillerato esté dirigido a orientar profesionalmente a los jóvenes estudiantes. Y algo muy importante: la reforma potenciará el cuerpo estatal de docentes, en un intento de dar unidad al sistema educativo, y reforzará reglamentariamente la autoridad del profesor.

Urge acabar con la idea de que la educación es propiedad de la izquierda española. El marco constitucional es suficientemente claro en este aspecto. Por eso es necesario apuntalar la universalidad del derecho a la educación y la libertad de enseñanza como pilares de un sistema educativo que debe ser universal, incluyente y de calidad; y en el que deben tener un lugar destacado los titulares

¿Era necesario sustituir EpC?

Araceli Oñate
Especialista en comunicación y marketing político
LA GACETA

1 Sí, porque EpC es mucho más que una asignatura o la batalla judicial en torno a un libro. Está en juego la libertad de los centros, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el interés superior del menor a no ser instrumentalizado desde el poder, algo que una sociedad libre y democrática no se puede permitir.

2 Sí, porque nuestros alumnos no saben Geografía ni Historia ni resolver problemas de matemáticas y EpC forma parte de las recetas del fracaso: una educación asamblearia que cuestiona la autoridad y consagra la ausencia de normas. Un modelo de educación deconstruida, que sustituye los contenidos por los sentimientos, la evaluación por el compromiso afectivo, los fundamentos de la filosofía por el debate y postula frente al profesor, el eje escuela-familia-municipio, en el que las asociaciones municipales a golpe de subvención “compensarán la supuesta falta de competencia de los docentes”.

3 Sí, pero el actual Gobierno tiene la responsabilidad histórica y el respaldo parlamentario suficiente para evitar que esta u otra asignatura pueda volver a ser utilizada como brazo político, ora del relativismo absolutista ora de cualquier otro fundamentalismo... Derogar el decreto 1631/2006 significaría restituir el “pacto constitucional” sobre la base del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

4 Sí, porque el fracaso, la violencia y el abandono escolar temprano han llegado a afectar a uno de cada tres alumnos y resulta urgente preparar a nuestros jóvenes para la sociedad del conocimiento. Es hora de hablar de futuro, calidad, eficacia y progreso, también en el mundo de la educación.

Poder, Gobierno, Ética y Verdad

Carlos Álvarez Cozzi
Catedrático de Derecho
Católicos ON LINE

Hace unas semanas atrás la presidente de Argentina, fue operada supuestamente de un cáncer de tiroides. Así fue diagnosticado y anunciado con ampulosidad por todos los medios nacionales y extranjeros. La seriedad de la clínica y el supuesto prestigio del médico así lo aseguraban.
Con posterioridad a la intervención, el vocero presidencial argentino comunicó que había existido un error de diagnóstico y que los nódulos no eran malignos.
Hasta allí todo estaba dentro de lo posible, por más que resulte difícil admitir que pueda existir un error de diagnóstico con tal nivel de equipamientos médicos con que cuenta el Sanatorio donde fue operada.
Lo que finalmente disparó este comentario es que además de la intervención de los nódulos finalmente benignos en la glándula, la presidente fue sometida a una cirugía estética de cuello. Nada tiene de malo admitir que una persona cualquiera haya sido operada por razones estéticas, concretamente que se le haya hecho una cirugía. Lo paradójico es que se haya recurrido desde el poder a la mentira de decir que se operaba un cáncer y además intentado ocultar la concomitante cirugía estética.
Por ello planteamos en el título el tema del poder, la verdad y la ética. ¿Es lícito mentir cuando sea es gobernante para ocultar una cirugía estética o cualquier otra cosa? ¿Es lícito afirmar que se tiene cáncer cuando se sabe que tal grave enfermedad no existe en el paciente? ¿Es lícito desinformar a la población y a los medios? ¿Este es un tema de Estado?
No hay duda que no lo es!!! Se trate de la presidente de una Nación o de cualquier persona!!! Mentir es faltar a la ética, para los creyentes es ante todo un pecado!!!
El límite del poder debe estar en la ética y la moral públicas. No se exime de esta regla ni un gobernante ni un rey. Los principios morales responden a una moral objetiva.
Ella ha sido ignorada en este caso como lamentablemente sucede en tantos otros.
Bueno es tenerlo presente!!!.

El PP ya sólo depende del PP

Federico Jiménez Losantos
Libertad Digital

La elección de Rubalcaba frente a Chacón tiene un inconveniente: que la oposición democrática no existirá o no actuará de forma democrática, que viene a ser lo mismo. También lo habría hecho de ganar Chacón, que insistió mucho más que Rubalcaba en la movilización de "la calle", es decir, de la violencia callejera contra los elegidos en las urnas, pero con la lideresa nacionalista catalana, medio PSOE se habría opuesto sordamente a esa estrategia. Pero también tiene una ventaja: el publicismo alucinatorio y el chisporroteo demagógico chaconista difícilmente podrán configurar una seria oposición interna a Rubalcaba, del que no cabe esperar cosa buena pero tampoco nueva. Lo de Rubalcaba será lo de siempre: Rubalcaba. El PSOE seguirá siendo lo mismo: el PSOE.

Para España hubiera sido mejor que del Congreso del PSOE hubiera salido una oposición digna de este nombre, que se presentara como alternativa real al Gobierno, pero que fuera leal a la nación y a la Constitución. Como eso equivale a decir que el PSOE debería haberse negado a sí mismo, nadie habrá quedado sorprendido ni chasqueado. El PSOE es incapaz de ser una oposición leal de la misma forma que es incapaz de ser un Gobierno leal. Si no se cree en la Nación, en la libertad y en la Ley, sólo pueden ser lo que son: oportunistas a la espera de una ocasión propicia para asaltar el Poder.

Para el PP la elección de Rubalcaba para seguir al frente del PSOE es una excelente noticia, si es que Rajoy está decidido realmente a gobernar. Sin un líder enfrente que ilusione y aglutine a la izquierda, el PP no depende del fallo del contrario, que ya viene fallido de fábrica, sino de sí mismo. Si es capaz de abordar en toda su amplitud y profundidad las reformas que España necesita, consolidará una clara mayoría electoral y dejará al PSOE donde está: compartiendo impotencia con los comunistas, con la barahúnda de los nacionalismos y con la infame turba del perroflautismo de ocasión. Si se tiene clara una política de orden público, ni siquiera la calle albergará esa oposición a todo que no es alternativa a nada. A nada serio, se entiende.

La incógnita es si este Gobierno se ha tomado en serio, pero de verdad, su tarea política; si no se arrellanará en la comodidad de una oposición roma; si no vegetará en el fácil consenso de una Izquierda impotente a cambio de evitar la tarea que las circunstancias y su responsabilidad le obligan a abordar. Hace falta, como mínimo, un año para que la crisis económica toque fondo y otro año para empezar a recuperarnos del inmenso destrozo socialista, pero el PSOE le ha regalado ese tiempo. Rubalcaba sólo puede aspirar a administrar el desgaste del Gobierno del PP; no la oposición a las reformas del Gobierno, sino la cobardía o la incapacidad de hacerlas. Si el PP toma la iniciativa –como ha hecho ya en ciertos sectores– al PSOE sólo le quedará una salida política: elegir dentro de dos años un candidato a la Moncloa que no se parezca a Rubalcaba. Y, a ser posible, que no sea Rubalcaba. Sólo la gravedad de la crisis económica, institucional y política supone una cierta incertidumbre en el futuro del Gobierno de Rajoy. Pero el PSOE se ha descartado como primera opción. El PP sólo depende del PP.

02 febrero 2012

La familia, según Ana Mato

Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
Hispanidad

Ana Mato, ministra de Sanidad de Mariano Rajoy, forma parte de la legión de centro reformistas acomplejados que han creado ese gran partido llamado Partido Popular.

Durante su última comparecencia en el Congreso, Mato aseguró que hay que ayudar a cualquier tipo de familia. Porque “cada familia es un mundo y tenemos la obligación de atenderlos, ya estén separados o sean familias monoparentales”.

En primer lugar, señora Mato, usted no atiende a nadie: usted redistribuye dinero ajeno, de unas familias a otras, a través de una cosa llamada presupuesto público.

En segundo lugar, parece muy cómodo, demasiado, homologar a los “distintos tipos de familia”. Pero mire usted, no es lo mismo.

El Estado no debe atender ni ayudar a las familias a título de limosna sino como contraprestación por el servicio que ofrecen a la sociedad, es decir, al Estado, es decir, al Gobierno, es decir, a usted.

El gaymonio, o el matrimonio que renuncia a tener hijos, no aporta lo mismo a la sociedad que los padres de familia. La familia monoparental tampoco. Los futuros ciudadanos y contribuyentes necesitan las aportaciones insustituibles del padre y de la madre. No se merecen tanto como la familia estable y con hijos. Chesterton lo explica así. “La fuerza del impulso sexual es tan grande y la crianza de los hijos tan larga que si no se logra esa unión con estabilidad y exclusividad, esas funciones se malogran y la misma sociedad se ve seriamente perjudicada”.

De la madres solteras digo lo mismo: deben ser ayudadas si lo necesitan pero no merecen igual tratamiento que aquellos cónyuges que se han comprometido a ser una sola carne. Es bueno ayudar a todos pero sin perder de vista la prelación. Porque la mentalidad divorcista no sólo quiebra el matrimonio sino el compromiso, la capacidad de darse, que es lo que distingue a los seres humanos de las bestias.

Lo explicaré, de nuevo, con Chesterton: “Usted no puede deshacerse de su socio en el negocio porque no le guste su tono de voz ni puede despedir un empleado porque no le guste la forma de su nariz. Pero el pensamiento divorcista propone que la mujer de un hombre esté menos atada a él que su propio socio o cualquiera de sus empleados. Los divorcistas tratan de hacer de su matrimonio algo mucho más fácil de disolver que cualquier contrato”.

Y eso señora ministra, créame, no es bueno para nadie. Ni para los hombres, ni para las mujeres, ni para los hijos, ni tampoco para usted, responsable de la política de familia del Gobierno.

Soluciones reales

Mario Conde
LA GACETA

El modelo territorial se evidencia ineficiente e insostenible económicamente.

5,3 millones de parados, 1,5 millones de familias españolas en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo y un entorno recesivo con decrecimiento previsto del -1,5% conforman un escenario insoportable. No sólo por el incremento del esfuerzo que conlleva en términos de finanzas públicas, sino en el puro y duro sentido humano de la convivencia.

Si a ello se une el destrozo al que nos vemos sometidos por el mal funcionamiento de instituciones decisivas y la desconfianza de los ciudadanos hacia las más sensibles de ellas, convendremos en que el panorama reclama un enorme esfuerzo colectivo y medidas contundentes acordes con la gravedad de la situación, admitiendo, ante la evidencia empírica, que el modelo ha fracasado en áreas sustanciales.

En este contexto el Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria desarrollando el debatido art. 135 de la Constitución. La novedad es que ninguna autonomía puede incurrir en déficit estructural, bajo amenaza de sanciones. Y en el caso de reiteración aparece la intervención por el Estado de la autonomía incumplidora siguiendo, según dicen, el modelo de la Unión Europea respecto de Grecia. En este año 2011 las autonomías son responsables del 75% del incremento del déficit previsto en el entorno del 6%.

El modelo territorial se evidencia ineficiente e insostenible económicamente. ¿Es adecuada la solución propuesta? ¿No es más coherente revisar en profundidad la organización territorial del Estado?
Con la solución gubernamental se controlan las finanzas, pero temo que no se evitará la progresiva disgregación del proyecto de nación española.